Un cliente se disponía a realizar sus compras en una sucursal del centro comercial Soriana, ubicado en la avenida Tecnológico. Pero observó que el precio de los productos estaba mal etiquetado. El error estaba en la cantidad, ya que en lugar de separar con coma los números, tenía un punto.
El producto ofertado eran unas pantallas y su precio indicaba la siguiente cantidad 10.99 pesos, en lugar de 10 mil 999 pesos.
Otros clientes del centro comercial escucharon el reclamo del hombre, y al percibir el error en el precio comenzaron a llenar sus carritos de pantallas. Algunos compradores llevaban 5, 10 y hasta 30 pantallas de diferentes pulgadas.
Las personas no dudaron en compartir la noticia en redes sociales y casi inmediatamente cientos de ciudadanos llegaron al centro comercial para aprovechar la “oferta”. Este error en el precio no solamente era exclusivo de las pantallas, sino que también refrigeradores y estufas se encontraban en la lista de “descuentos”.
Ante esta situación, los empleados comenzaron a quitar los precios de los mostradores, debido a que la mayoría se encontraba mal escrito. Los primeros compradores llamaron a PROFECO para exigir que les respetaran el precio.
En una primera instancia eran seis personas exigiendo su derecho, posteriormente el número incremento a más de 100 clientes que querían llevarse la pantalla por diez pesos.
El caos se desató y los consumidores comenzaron a arrebatarse las pantallas entre ellos, por lo que la Policía Municipal arribó al centro comercial para poner orden. Las puertas fueron cerradas para impedir el acceso de más clientes, pero desde afuera golpeaban las puertas para ingresar al establecimiento.
Lluvia Velázquez Chávez, delegada de la PROFECO, se presentó en el lugar de los hechos para tratar de solucionar el conflicto entre los compradores y el gerente de la tienda. Sin embargo, el gerente afirmó que no podía dar las pantallas en ese precio y que solo podía ofrecer el 20% de descuento.
Al no llegar a ningún acuerdo, la delegada procedió a clausurar el lugar e inmovilizaría los productos. Además, interpondría una multa, que podría alcanzar los 4 millones de pesos.
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